ADICCIONES Y FAMILIA

La mala gestión de las políticas en el actual contexto de crisis nos está llevando a un general retroceso del Estado del Bienestar y una pérdida de Derechos Fundamentales que a todos y todas nos parecían incuestionables. En España, los últimos datos nos indican que la brecha entre ricos y pobres está aumentando a pasos agigantados, incrementándose cada día las cifras de personas en situación de pobreza.
La respuesta que se está dando desde lo público, en general, no deja de ser incoherente pues, precisamente en momentos como éste, es cuando más necesario se hace el despliegue del Estado del Bienestar, que en base al principio de solidaridad, procura garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y puedan acceder a los mismos servicios básicos. Lejos de esto, las inversiones públicas se apartan de las personas más débiles, que cada día aumentan, retirándoles la protección, y por el contrario, vuelven a centrarse en los poderes económicos, que precisamente son los causantes de la catastrófica situación en la que hoy en día nos encontramos.
El Estado está recortando en Justicia Social y en Derechos Humanos. Conocemos a diario cierres de recursos públicos; recortes en servicios sociales, educativos, sanitarios; reformas, como la laboral, que perjudican y empobrecen a la clase trabajadora. Paralelamente, se anuncia la reforma del Código Penal, que vuelve a ensañarse con las clases más desfavorecidas, frente a la patente permisividad de la delincuencia de cuello blanco que puede llegar a provocar situaciones sociales catastróficas.
En momentos como los actuales, las personas acuden a menudo a refugiarse en las drogas o en otro tipo de adicciones. Pese a ello, los Gobiernos han hecho efectivos o prevén recortes de tal calado que están poniendo en grave peligro la permanencia de la red de recursos destinada a mejorar la situación de estas personas a través de un tratamiento específico de su problema.
La tendencia es a reducir servicios sociales desde lo público y, los pocos que se financien, ofrecerlos a través de concursos públicos al mejor postor, dejando en manos de empresas lucrativas la situación de las personas más desfavorecidas, o incluso a merced de la caridad y del voluntariado no profesionalizado.
Nos oponemos a que estas políticas continúen y se extiendan, pues provocan una mayor exclusión social en nuestras ciudades y pueblos. En materia de drogodependencias, se corre el riesgo de perder la amplia red de recursos desarrollada, que ha permitido el abordaje de la problemática socio-sanitaria de la persona drogodependiente desde su entorno, concibiéndola como sujeto de derechos merecedor/a del máximo respeto y como objeto de las intervenciones sociales ajustadas a su situación. Supondría un retroceso sin parangón que todo este trabajo quede ahora limitado a la dispensación de medicamentos y el encarcelamiento de los pequeños eslabones de las redes mafiosas.
Pedimos un cambio radical en las políticas socioeconómicas que están siguiendo nuestros gobiernos, y que se pongan en marcha medidas urgentes para mantener la red de servicios sociales, educativos, sanitarios y de atención a las drogodependencias, a paliar las desigualdades sociales y a realizar inversiones que propicien el empleo y la actividad económica.
Defendemos las políticas basadas en la JUSTICIA SOCIAL, LA SOLIDARIDAD Y LA IGUALDAD.
SÍ AL APOYO DE LAS CLASES DESFAVORECIDAS
SÍ A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS DROGODEPENDENCIAS
SÍ A LA INCLUSIÓN SOCIAL
SÍ A LA RACIONALIZACIÓN DEL GASTO DE LA CLASE POLÍTICA
NO MÁS POBREZA
NO MÁS RECORTES
NO AL CIERRE DE RECURSOS Y SERVICIOS SOCIALES
NO A LA CONDENA DE NUESTRA JUVENTUD
NO A LAS POLÍTICAS EXCLUYENTES